Tensión por la Ley de Conservación del Suelo en la Provincia de Buenos Aires
La propuesta de Ley de Conservación del Suelo, impulsada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires, ha generado controversia y preocupación entre productores y profesionales del sector.
Un reciente encuentro virtual, que contó con la participación de unos 180 matriculados, evidenció el debate en torno a la injerencia del Estado en la regulación del uso de los suelos productivos.
El ing agr Roberto Ponssa, presidente de AIACA, explicó que, si bien valoran el trabajo realizado por la Comisión de Suelos del Colegio desde su creación, existen “matices de control gubernamental” que generan inquietud.
“Las bases del colegio han solicitado que se rearme este anteproyecto”, señaló Ponssa. Aunque reconoció la idoneidad de los profesionales involucrados, destacó que “el resto de los profesionales tiene algunas dudas con el trabajo del Estado frente al uso de los suelos”.
El punto más álgido de la discusión radica en la participación del Estado en la aprobación de la explotación de cada suelo y unidad productiva. Muchas asociaciones y profesionales independientes sugieren al colegio que se revise este aspecto para lograr un anteproyecto superador.
La principal objeción es que el Estado no debería ser el ente que autorice o no una inversión millonaria entre privados. Se busca evitar que la burocracia estatal determine la viabilidad de proyectos productivos, aunque se reconoce la importancia de promover prácticas que minimicen la degradación y erosión del suelo.
Asimismo, subrayó que los productores ya están implementando técnicas para la conservación del suelo, como la rotación de cultivos. “A nadie le sirve que el suelo sea erosionado”, afirmó.
Si bien, se analizó el modelo de Uruguay, donde el Estado tiene una mayor participación en la explotación de los campos, se considera que no es extrapolable a la realidad argentina debido a las diferencias en superficie, suelos y explotaciones.
La propuesta de los profesionales apunta a orientar las zonas y cuencas hacia explotaciones económicamente rentables, fomentando ciertos usos del suelo, pero sin la intervención de un organismo estatal que decida sobre la viabilidad de la producción.
Más allá de las controversias, Ponssa remarcó que el anteproyecto tiene aspectos “excelentes” y que fue elaborado por profesionales de primer nivel. El objetivo es lograr una regulación que equilibre la producción y la sustentabilidad, sin trabas burocráticas innecesarias.