«Es ilegal e intenta eliminar intermediarios»
El presidente de la Federación de Acopiadores de la provincia de Buenos Aires, Fernando Rivara, denuncia que empresas del sector forman un oligopolio comprador que busca acceder a información privada bajo el pretexto de la sustentabilidad, con el objetivo de concentrar el mercado de granos.
Un grupo de empresas multinacionales dedicadas a la exportación de granos estaría exigiendo a acopiadores y cooperativas de la República Argentina la entrega de datos sensibles de productores agropecuarios para poder comercializar soja con ellas. La exigencia, calificada como “ilegal, abusiva e impracticable” por Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de la provincia de Buenos Aires, incluye información como hectáreas cultivadas, nombre del establecimiento, localidad y provincia, además del número de RESPA del productor.
El RESPA (Registro Nacional Sanitario de Producción de Productores Agropecuarios) es un registro legal, pero su divulgación sin autorización constituye una violación a la privacidad del productor. “No estoy autorizado por el productor a dar su información privada”, enfatizó Rivara.
Además de la cuestión legal, el funcionario destacó la impracticabilidad operativa de la exigencia. Los acopiadores y cooperativas agrupan órdenes de venta de múltiples productores, por lo que los volúmenes consolidados rara vez coinciden al detalle con los entregados en los puertos. “Las compras pueden sumar ciento doce mil trescientos cuarenta y tres kilos, y en el puerto entregamos ciento veinte toneladas. ¿A quién se la cargamos?”, cuestionó.
Pretexto de sustentabilidad vs. control del mercado
Las empresas exportadoras justifican la medida en el objetivo de garantizar la sustentabilidad de la producción y prevenir la deforestación. Sin embargo, Rivara señaló que dichas firmas forman parte de VISEC, una institución sin fines de lucro creada en 2020 para abordar estos temas, y que su presidente es el mismo que preside la entidad que agrupa a los exportadores.
“Lo contradictorio es que los datos comerciales de los integrantes de la cabina están encriptados y ninguna empresa privada puede acceder a ellos”, explicó. Según el dirigente, la verdadera intención es acceder a la cartera de clientes de los acopiadores para comprar directamente a los productores, especialmente a quienes comercialicen volúmenes superiores a las quinientas toneladas.
“Quieren eliminar a quienes estamos en el medio y manejar los precios a su antojo. La meta es crear un monopolio en el mercado de granos, lo que impediría refutar los valores que ellos indiquen como precio internacional”, alertó Rivara.
Irregularidades previas y acciones pendientes
El dirigente también denunció prácticas comerciales abusivas que ya se registran en el sector, como la retención del 2,5% del valor de la soja entregada conforme por parte de los exportadores, que luego pagan treinta días después sin intereses. “Ese porcentaje, multiplicado por todas las empresas, les alcanza para pagar los sueldos de toda su gente. Esto tenía sentido años atrás, pero hoy no”, indicó.
Por el momento, la Federación no ha presentado denuncias formales, ya que las exigencias se han comunicado de forma verbal a través de corredores. “Estamos esperando que tengan el coraje de escribirlo, para luego iniciar las acciones legales y penales necesarias”, dijo Rivara, quien agregó que ya se ha advertido a toda la cadena agropecuaria sobre la intención de las empresas exportadoras.