Caso Huergo Cereales: ¿Justicia por mano propia, usurpación o prioridad por encima de los otros damnificados?

En las últimas horas una persona ingresó sin autorización a la planta de Huergo Cereales tomando posesión de la misma.

El entramado agroindustrial de Chivilcoy y su vastísima zona de influencia se halla sumido en una profunda conmoción y desconfianza. El epicentro de esta crisis es la firma Huergo Cereales, cuyo historial reciente se ha teñido de denuncias reiteradas por incumplimiento contractual, materializado en cheques impagos y el nebuloso destino de vastos volúmenes de granos. La situación ha escalado a un nuevo y alarmante nivel con la potencial materialización de un delito de usurpación, todo ello bajo el ensordecedor silencio de sus directivos, Jorge Romero y Gustavo Giambroni, cuya ausencia de explicaciones agrava la incertidumbre de los productores damnificados.

La arquitectura de este colapso financiero se revela progresivamente más intrincada y opaca. Informaciones recabadas por este medio indican que la planta de Huergo Cereales en Coronel Mom habría sido cedida a una entidad radicada en Moquehuá, que, paradojicamente, también figura en el registro de acreedores y presuntas víctimas de las operaciones de Huergo. Esta triangulación, de verificarse, no solo complejizaría el panorama judicial, sino que también sugeriría una secuencia de maniobras que trascienden la mera insolvencia, apuntando a una potencial ingeniería defraudatoria con implicaciones para múltiples actores del sector.

La controversia se ha exacerbado con un incidente de extrema gravedad acaecido en las últimas horas: el ingreso no autorizado de una persona a las instalaciones de Huergo Cereales, quien procedió al cambio de cerraduras y la subsecuente toma de posesión del predio. Aunque se argumenta que esta persona ostentaría un «poder de ejecución», la ausencia de una declaración formal de quiebra por parte de Huergo Cereales introduce una flagrante anomalía procesal. La jurisprudencia argentina es clara: la ocupación de un bien inmueble sin una orden judicial expresa y en el marco de un proceso de ejecución legítimo configura un delito de usurpación. Esta arista penal añade una capa de complejidad legal significativa a la ya precaria situación de la empresa y sus responsables.

La cuestión central que emerge de esta ocupación irregular es la prioridad legal de esta persona frente al universo de acreedores legítimos de Huergo Cereales. En un escenario donde la empresa no ha declarado formalmente su quiebra, la acción unilateral de tomar posesión de bienes podría interpretarse como una maniobra para eludir responsabilidades o para beneficiar indebidamente a terceros, en detrimento del colectivo de productores que han sido afectados. Este accionar plantea serias dudas sobre la transparencia y la equidad en la gestión de los pasivos de la empresa, y podría generar ulteriores acciones legales por parte de los acreedores perjudicados.

El mutismo institucional de Jorge Romero y Gustavo Giambroni es, sin duda, uno de los elementos más censurables de esta crisis. Frente a un volumen de deuda que se materializa en la alarmante cifra de 880 cheques rechazados, y ante las persistentes denuncias de vaciamiento de silos mediante el movimiento de camiones en horarios nocturnos, el silencio de la dirección es percibido como una afrenta directa a la buena fe y al patrimonio de quienes depositaron su confianza en Huergo Cereales. La exigencia de respuestas y la búsqueda de una resolución equitativa no son meros deseos; constituyen un derecho irrenunciable para los productores que ahora enfrentan la incertidumbre de un futuro económico comprometido.

Según fuentes consultadas, y pese al estado de virtual parálisis operativa y la ausencia de respuestas, la empresa Huergo Cereales estaría continuando sus labores de cosecha en campos de la zona. Este dato, en un contexto de fraude y sospechas, levanta una serie de interrogantes.

La continuidad de las operaciones de cosecha por parte de una empresa bajo semejante escrutinio público y legal genera, cuanto menos, perplejidad. En primera instancia, se impone la pregunta sobre la naturaleza de esta actividad: ¿se trata de la cosecha de granos propios de la firma, intentando capitalizar activos en un intento desesperado por paliar su situación financiera, o estamos ante la prestación de servicios de cosecha a terceros? La diferencia es sustancial y arroja luz sobre las posibles intenciones detrás de esta aparente normalidad operativa.

Si Huergo Cereales está cosechando granos propios, la acción podría interpretarse como un intento por monetizar activos que, en el marco de una eventual quiebra, deberían entrar en la masa concursal para satisfacer a los acreedores. En este escenario, la preocupación recae en la transparencia y el destino de esos granos. ¿Se están vendiendo en el mercado informal? ¿Se están desviando fondos para usos no declarados? La experiencia reciente con los silos presuntamente vaciados de la planta sugiere un patrón de conducta que tiende a eludir los cauces legales y financieros establecidos.

Por otro lado, si la firma está realizando labores de cosecha para otros productores de la zona, la situación se vuelve más compleja.

Podría tratarse de una estrategia de descapitalización o «fuga de capitales». Utilizando la infraestructura y la maquinaria aún disponible, la empresa podría estar facilitando la venta de granos de terceros y, a través de esta intermediación, desviando fondos o generando ingresos no registrados que podrían terminar beneficiando a los propios directivos u otros actores involucrados, en detrimento de los acreedores ya existentes. Este esquema implicaría una sofisticada maniobra para ocultar activos y eludir responsabilidades financieras.
Por otra parte, existe la posibilidad de que los productores que contratan los servicios de Huergo Cereales para la cosecha desconozcan la gravedad de la situación financiera y legal de la empresa. En un entorno rural donde las relaciones comerciales suelen basarse en la confianza y el historial, la reputación de la firma podría aún sostener algunas operaciones. Si este fuera el caso, estos productores correrían un riesgo importante de no recibir sus pagos o de ver sus granos comprometidos si la situación se deteriora aún más o si la justicia interviene en sus activos.
O bien, estos productores sean conscientes de la situación y, de alguna manera, estén actuando como aliados o incluso cómplices en las maniobras que buscan eludir las responsabilidades con los acreedores. Esto podría darse a través de acuerdos «por debajo de la mesa» para cosechar granos y luego venderlos de forma que los fondos no sean detectados o embargados, o para realizar operaciones que beneficien a las partes involucradas en detrimento del resto de los damnificados.