Continúa la crisis en Huergo Cereales S.A.

La situación de Huergo Cereales S.A. escaló en pocas semanas, lo que al principio se presentaba como dificultades de liquidez, derivó en un conflicto judicial de gran magnitud, con denuncias por delitos de acción penal, productores sin cobrar, cheques rechazados y pérdidas millonarias.

El punto más controvertido, y que los denunciantes presentan como prueba de mala fe, es el momento del incumplimiento, apenas 20 días después de recibir la última cosecha de trigo —entregada entre finales de octubre y principios de noviembre pasado—, la empresa interrumpió totalmente los pagos, comenzó a devolver cheques sin fondos y dejó de dar respuestas a los reclamos. “Entregamos la producción confiados en su trayectoria, y en menos de un mes ya no teníamos cobro ni explicaciones. Eso no es casualidad, fue planeado”, sostuvo uno de los damnificados.

En las presentaciones ante la Justicia y en las declaraciones ante las autoridades, se apunta de forma explícita a quienes lideraron la compañía. En este sentido, son denunciados como responsables directos Jorge Romero, dueño y titular de la firma, y Gustavo Giambroni, gerente general de la empresa, a quienes se les atribuye haber tomado decisiones que habrían derivado en el agotamiento de los activos, la falta de cumplimiento con los productores y desvío de fondos. Asimismo, según fuentes cercanas estaría involucrado un presunto vecino de RP 30 camino a Navarro entre La Rica y Marcos Paz.

La hipótesis que sustenta la investigación es que la empresa habría operado recibiendo granos, asumiendo obligaciones comerciales y desviando recursos en lugar de aplicarlos al pago de las cosechas, conductas que podrían encuadrarse en figuras penales como administración fraudulenta, estafa y vaciamiento de sociedad, delitos que prevén penas de prisión y sanciones económicas importantes.

El impacto económico es devastador. Más del 70% de los afectados son pequeños y medianos productores, para quienes el ingreso por la venta del trigo representa el capital para cubrir costos, mantener la actividad y afrontar la próxima campaña. “Muchos teníamos compromisos de pagos, insumos, alquileres. Al no cobrar, nos quedamos sin capacidad de seguir produciendo. Esto no es solo dinero, es el trabajo de todo el año y el futuro de nuestras explotaciones”, explicó otro damnificado.

Los montos adeudados van desde cifras de unos pocos millones hasta más de 80 millones de pesos por productor, según el volumen entregado. Hasta el momento, la empresa no emitió ninguna declaración oficial, ni presentó un plan de pagos ni una propuesta de reestructuración.

La investigación continúa buscando definir si se trató de una crisis económica real —por factores externos— o si hubo maniobras dolosas, como afirman los denunciantes. Por lo tanto sigue abierta y en pleno desarrollo.