El Impuesto a los Ingresos Brutos: Una Trampa Oculta para el Sector Agropecuario Argentino

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IB) se presenta como un nuevo desafío para el sector agropecuario argentino.

Si bien, la actividad primaria suele estar exenta en la mayoría de las jurisdicciones, una «pequeña trampa» en la aplicación del impuesto genera un impacto significativo en la economía real, especialmente en provincias como Santa Fe y Córdoba. Así lo afirmó Diego Rubio, director de Lisicki Litvin & Asociados.

Rubio explicó que, aunque la producción primaria está generalmente exenta, la compra de insumos en una provincia y su traslado a otra genera un gravamen encubierto. Este impuesto a la mera compra actúa como un tributo a la extracción de materia prima, afectando la rentabilidad de las empresas, incluso las exportadoras, que ya enfrentan una significativa carga tributaria.

La complejidad procesal agrava la situación. Para defenderse de un cobro cuestionable, las empresas deben recurrir a la justicia local, lo que implica costos adicionales y desafíos legales. Esto convierte al IB en un tributo particularmente complejo y costoso para las empresas del sector.

La situación se agrava al comparar la carga tributaria argentina con la de otros países. Según datos recientes los impuestos representan el 33% del costo de una sembradora en Argentina, mientras que en Brasil este porcentaje se reduce a un 15%. Esto evidencia la alta carga tributaria que enfrenta el sector agropecuario argentino a nivel internacional.

Vale destacar la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema tributario provincial, buscando simplificar los procesos y reducir la carga impositiva sobre el sector agropecuario. La complejidad y los costos asociados a la defensa legal de cobros cuestionables de IB se presentan como obstáculos significativos para el desarrollo del sector. La «trampa» en la exención, que grava la mera compra de insumos, se suma a los desafíos que enfrenta el sector, impactando en la competitividad y rentabilidad de las empresas agropecuarias. La situación exige una atención urgente por parte de las autoridades para asegurar la viabilidad del sector y su contribución a la economía nacional.