«El Estado le debe a las personas con discapacidad»

El diputado Daniel Arroyo, ex Ministro de Desarrollo Social, y autor de la Ley de Discapacidad, se encuentra liderando una iniciativa legislativa para declarar la emergencia en materia de discapacidad, ante la grave situación que atraviesa el sector.

Arroyo expresó su preocupación por el desfinanciamiento y la falta de actualización de los nomencladores, lo que impide que las personas con discapacidad accedan a prestaciones básicas.

«La situación es crítica desde hace mucho tiempo, pero se ha desacomodado mal en el último tiempo, sobre todo por el tema del desacomodo de los nomencladores», afirmó Arroyo. El diputado denunció que las personas que trabajan en talleres protegidos cobran 28 mil pesos por mes, mientras que los transportistas reciben 541 pesos por litro de nafta, lo que dificulta el acceso a tratamientos y terapias.

La ley propuesta por Arroyo busca reordenar y actualizar el nomenclador para garantizar que los prestadores cobren lo que corresponde y que las personas con discapacidad puedan acceder a medicamentos, terapias, acompañamientos y hogares de día. Según el diputado, esta medida no tiene impacto fiscal, ya que se trata de una deuda que el Estado tiene con las personas con discapacidad y sus familias.

Sin embargo, la ley ya fue vetada por el Poder Ejecutivo, lo que obliga a Arroyo a insistir con dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso para que se convierta en ley de forma automática. «El Estado les debe a las personas con discapacidad y a su familia porque no actualizó el nomenclador», enfatizó el diputado.

Otro punto importante de la ley se refiere a las pensiones por discapacidad. Arroyo criticó la auditoría que está llevando a cabo el gobierno, calificándola de «absurda y lastimosa». En lugar de auditar dónde están los problemas, el gobierno envió 400.000 cartas de documento a personas con discapacidad, exigiéndoles que vuelvan a realizar estudios y trámites innecesarios. La ley propone una auditoría seria y focalizada en los lugares donde se detecten irregularidades.

Además, la ley incluye un apartado sobre el maltrato a las personas con discapacidad. Arroyo denunció que el gobierno ha incurrido en actos de maltrato, como mostrar radiografías de mascotas para justificar el recorte de pensiones o utilizar términos ofensivos para referirse a personas con discapacidad. La ley establece que el Estado debe tener un lenguaje acorde a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en Naciones Unidas.

Asimismo, atribuyó el veto del gobierno a dos factores: una obsesión por mostrar disciplina fiscal ante los mercados y un veto ideológico, producto de la falta de comunicación entre las líneas intermedias del gobierno y el Poder Ejecutivo. «Me da la impresión de que las líneas intermedias no llegan nunca al presidente, no hay mecanismo donde puedan presentar los temas, y se decide solo por recorte a lo bestia desde un Excel sin ninguna lógica», concluyó.