Baradero: Justicia obliga al municipio a explicar el destino de la tasa vial rural
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de San Nicolás ordenó al municipio de Baradero (gobernado por Esteban Sanzio, Fuerza Patria) a detallar en qué gasta la tasa vial que cobra a los productores rurales.
El fallo, obtenido por la Sociedad Rural local, forma parte de una ola de reclamos judiciales que se extiende por la provincia de Buenos Aires, donde los agropecuarios piden rendición de cuentas por un tributo que, según denuncian, no se traduce en obras ni mejoras de transitabilidad.
«Una movida que se replica en todo el bonaerense»
El abogado Pablo Abdón Torres Barthe, representante de los productores, confirmó que Baradero no es el primer caso exitoso. Meses atrás, obtuvo sentencias favorables —en primera y segunda instancia— para productores de Henderson (partido de Hipólito Yrigoyen), y actualmente su estudio impulsa acciones similares en Azul (donde pasó de vía administrativa a amparo), General Alvarado y prepara una nueva demanda en Necochea. También reciben consultas de otros distritos.
“El planteo es simple: la tasa vial no es un impuesto general, es un tributo con contraprestación directa”, explicó Abdón Torres Barthe. “Los productores pagan tasas siderales y ese dinero debería volver en caminos en condiciones”.
El caso Baradero: 800 millones recaudados, menos de 100 gastados en caminos?
El municipio respondió parcialmente a la orden judicial, pero los demandantes alertan que falta información clave. Según el letrado, el expediente solo incluye los gastos provenientes de la coparticipación provincial (una porción del impuesto inmobiliario rural con destino determinado), pero deja fuera lo recaudado por la tasa vial municipal.
“Entre coparticipación y tasa, el municipio recauda alrededor de 800 millones de pesos, pero el gasto informado en caminos rurales ronda poco más de 100 millones”, afirmó. “Si gastás eso y los caminos siguen mal, hay un problema claro”.
El equipo legal —junto al abogado Matías Riveros— está analizando la información recibida el miércoles: “Sí informaron los gastos, pero no los ingresos destinados a caminos tal como solicitamos. No sabemos cuánto realmente ingresó y cuánto se gastó”, alertó.
Opacidad en la información: «Encontrar un presupuesto completo es titánica»
Uno de los ejes centrales del reclamo es la dificultad para acceder a datos claros y sistematizados. “Muchos municipios solo publican números gruesos en los boletines oficiales, sin detalle fino”, explicó Abdón Torres Barthe. El fallo judicial ordenó entregar información que “no resulta de fácil acceso”, pero la brecha de transparencia persiste.
Las acciones judiciales buscan primero establecer la magnitud del desvío, para luego evaluar pasos como la devolución de la tasa o denuncias por malversación de fondos en casos graves.
«No se trata de no pagar, sino de que el servicio exista»
El abogado aclaró que el reclamo no apunta a dejar de pagar, sino a garantizar la correspondencia entre lo cobrado y el servicio prestado. “Los productores no quieren dejar de pagar, quieren caminos”, insistió.
También resaltó la dimensión social del problema, que trasciende la producción: “El camino rural es el principal vínculo de la ruralidad. Afecta a la escuela rural, al ingreso de ambulancias o bomberos, y a la vida cotidiana. Cuando llueve, peones quedan aislados varios días”.
Falta de salida política: «Concejos no controlan, vecinos no encuentran respuesta»
El letrado apuntó a la inacción de ambos sectores políticos como motivo de la judicialización: “Ni oficialismo ni oposición hacen controles estrictos, porque ambos manejan o aspiran a manejar esos recursos. Hay un corte de representación: concejos no controlan y vecinos no encuentran canales”.
Ante ese escenario, los fallos judiciales se consolidan como antecedentes y abren el camino a más acciones legales por parte de los productores bonaerenses.