En Gobernador Castro, más del 60% de trabajadores de recolección de batatas no estaban registrados

Se conoció la realización de un importante operativo de fiscalización en un campo de la localidad de Gobernador Castro, en la provincia de Buenos Aires, donde se detectó una situación de precariedad laboral alarmante: de los 62 trabajadores dedicados a la recolección de batatas, 38 –más del 60%– no contaban con registro ante la ARCA (Anuario de Registros de Cosechas Agrícolas).

La intervención fue llevada a cabo por el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores Portuarios) y la Agencia Territorial San Nicolás de la Secretaría de Trabajo, en un claro ejemplo de la relevancia que tienen estas acciones para proteger los derechos de quienes trabajan en el campo.

«Estas tareas de fiscalización en el rubro rural resultan de suma relevancia», destacó el Dr. Sebastián Pavetti, jefe de la Agencia Territorial. Y la razón es contundente: el trabajo no registrado deja al trabajador en una situación de total desprotección.

Estar «en negro» implica una serie de riesgos y desventajas para quienes se dedican a la actividad rural:

• Sin cobertura de ART: Cualquier accidente laboral deja al trabajador sin ningún tipo de respaldo económico o asistencial.
• Salarios sin garantías: Sin un registro formal, resulta más complejo reclamar los haberes correspondientes, quedando el monto al arbitrio del empleador.
• Barreras al sistema financiero: Sin acreditación de ingresos, se cierran las puertas a créditos, hipotecas u otros servicios básicos.
• Falta de jubilación: Los años de trabajo no se computan para la prestación contributiva, condenando a muchos a una vejez sin los recursos necesarios.

El campo es reconocido como el motor de la economía argentina, pero para que ese motor funcione de manera justa y eficiente, es indispensable que todos sus actores –especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales– cuenten con la protección y los derechos que les corresponden.

La firma Agro Taurizano S.A., responsable del campo intervenido, deberá enfrentar una audiencia en abril y se abrirán expedientes administrativos correspondientes. Sin embargo, más allá de las sanciones, el objetivo central de estas fiscalizaciones es brindar la oportunidad de regularizar la situación de los trabajadores.